EDITORIAL.

En el marco de una continua mediocridad en la gestión del actual alcalde del Manolo Castillo, y el caos municipal que somos testigos todos los villamarianos. El Perú afronta la dura represión que el gobierno de Alan García, a desatado contra los espacios organizados del pueblo en claro propósito de arrinconarlos ante la protesta generalizada por la continuidad de la aplicación del recetario neoliberal que en todo el continente esta en retirada.

Los trabajadores de importantes sectores de la producción han sostenido prolongadas y sacrificadas huelgas en las últimas semanas. Uno de los conflictos más sonados en el periodo, ha sido el de la Minera Casapalca, un consorcio mixto de empresarios peruanos que, con capitales norteamericano explota un rico yacimiento de cobre y zinc en la zona central del país. Allí, las jornadas de trabajo son “atípicas”, eufemística expresión que sirve para encubrir las más bárbaras formas de explotación humana que se expresan en doce y catorce horas diarias consecutivas de trabajo a cambio de un salario que no supera los 5 dólares y que debe solventar el alojamiento y la alimentación de los trabajadores y sus familiares a casi cuatro mil de altura sobre el nivel del mar.

Aunque los más altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, han expresado públicamente su adhesión formal a la casa obrera, el problema de casi mil trabajadores que han quedado sin empleo no se resuelve por la categórica negativa de la empresa a aceptar sus responsabilidades y la inopia de las autoridades competentes que, una vez más demuestren absoluta incapacidad para hacer cumplir la ley y proteger los derechos laborales de los trabajadores.

La minería en el Perú es una de las actividades más rentables. En el 2006, por ejemplo, las empresas incrementaron sus sobreganancias por encima de un 83% con respecto al año anterior. En cifras netas el monto equivalió a 10,200 millones de soles, es decir alrededor de 3,500 millones de dólares, que las empresas se llevarán virtualmente sin retribuir un centavo a sus trabajadores y aportando apenas el 5% de ese monto al Estado.

Porque la lógica de la sobre explotación campea impunemente en el sector minero, hoy hay también graves conflictos en Yanacocha, en Souther Cooper Corporation y en la empresa Mismimayo, filial del gigante brasileño Vale Do Rio Doce (Valle del Río Dulce) que se defiende de sus trabajadores contratando hampones armados, con la venia del Estado.

Pero no sólo los mineros afrontan severos problemas. También los obreros textiles, que hoy trabajan para la exportación de nuestros productos de manufactura al mercado exterior. En la empresa Topy Top, por ejemplo, una de las diez más grandes exportadoras de confecciones, laboran 5,000 obreros, pero sólo 93 de ellos decidieron integrar un sindicato. Hoy, apenas quedan 23 porque los demás sindicalizados han sido despedidos. Todos los obreros de la planta -la mayoría mujeres menores de 20 años- trabajan jornadas de 12 y 14 horas sin remuneración alguna.

El Magisterio rechaza la imposición de la Ley de Carrera Docente, que constituye realmente una negación de la carrera docente por cuanto faculta a cualquier profesional a ejercer la docencia. Si una ley del servicio médico pretendiera facultar a cualquier profesional a ejercer la medicina, otra sería la reacción de la sociedad: pero el magisterio es hoy una profesión devaluada, y el Gobierno se siente en el derecho de humillarla aún más afirmando la idea de que no se necesita ser Maestro para ejercer la docencia.

En el interior del país se viven momentos de convulsión extrema. En el oriente peruano, en la industriosa capital de la región Ucayali, la ciudad de Pucallpa permaneció once días virtualmente en manos de los pobladores que tomaron calles y plazas, pero también el aeropuerto de la localidad para evitar el arribo de efectivos policiales. Ayacucho la región donde impero la más cruel de las violencias en las últimas décadas del siglo pasado, se decretó un exitoso Paro los días 3 y 4 de julio. También lo estuvo la ciudad de Puno, en la frontera con Bolivia. La capital aymara recibió a pedradas –la semana pasada- al jefe del Estado y se niega a deponer su acción de fuerza en protesta por la séptima postergación del inicio de los trabajos de la carretera transoceánica.

En Tacna, Arequipa, Apurímac. Cusco, Huancayo y otras ciudades del país han ocurrido en los últimos días movilizaciones y paros en rechazo a la política gubernamental que se reeditarán la semana que se inicia y que muestran también el repudio a la soberbia y la altanería oficial que insiste en considerar las luchas populares como “actos aislados” y reclamos “sin importancia”.

A despecho de la versión palaciega, enormes multitudes se desplazan cotidianamente por numerosas ciudades del país. En la costa, la sierra y la selva, las multitudes se organizan sin una dirección centralizada y sin un comando orientador que alimente sus reclamos. No se trata, sin embargo, de acciones espontáneas, sino de la legítima expresión de un pueblo que crece en calidad de lucha y en experiencia de combate.

Pareciera que el gobierno no repara aún en que está sentado en un caldero próximo a estallar.
Estamos pues en un escenario de lucha que mas temprano que tarde cancelara la alternancia de los representantes de burguesía en la Presidencia de la Republica, esa cancelacion a la vez repercutirá en la clase criolla, que hace y deshace con el futuro de los mas nesecitados, entonces Manolo Castillo, tu también estas advertido.